Después de la devaluación del 55% y el anuncio de un fuerte ajuste fiscal, el Gobierno avanzará en los próximos días con la fase 2 de su plan. Se trata de un combo de medidas que incluyen la suba de impuestos y el lanzamiento de un bono en dólares para que las empresas puedan cancelar una deuda en el exterior que suma US$ 65.000 millones.
La expectativa es que la semana pasada se empiecen a discutir las reformas en las que trabajó el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y que le entregó al equipo de Javier Milei. Son tres leyes macro con impacto sobre 3.500 leyes sobre educación, salud, administración pública, el ámbito laboral y económico. Clarín accedió al proyecto del «capítulo fiscal de la reforma de Estado».
El borrador contempla un régimen de regularización de activos conocido como «blanqueo», un esquema de alivio en Bienes Personales, un régimen especial de ingresos sobre ese tributo, la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles para personas humanas y un régimen para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social.
Los más llamativos son la reversión del alivio a los trabajadores en Ganancias, la suba de retenciones al 15% -excepto la soja- y el incremento de impuestos a los cigarrillos (del 25 al 72%). Apuntan a sumar recaudación para alcanzar el equilibrio fiscal y representan un giro desde aquella máxima que se impuso Milei en 2021, cuando dijo que «antes de subir un impuesto, me corto un brazo».
Milei necesita de su aprobación para cumplir con el paquete que anunció Luis Caputo el martes y que se negoció con el FMI para destrabar desembolsos de dólares. El plan contempla la reducción del gasto en 3 puntos del PBI y el aporte de ingresos fiscales por 2,2 puntos del PBI en 2024, dentro del cual figuran las medidas que se discutirán en el Congreso.
Así, un tercio del ajuste fiscal (1,8% del PBI), incluyendo la eliminación de la fórmula jubilatoria, dependerá de la negociación con la oposición. El borrador sufrió modificaciones y sigue sujeto a revisión, pero se trabajó sobre el proyecto elaborado por Sturzenegger junto a 100 especialistas de la Universidad de San Andrés, como el diputado macrista y economista Luciano Laspina.
Bono en dólares
El Ministerio de Economía fue sede el jueves de una seguidilla de reuniones. Mientras el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se reunía con el gremio de la construcción (UOCRA) y el G6 (UIA, Adeba, SRA, CAC, Camarco y Bolsa de Comercio) para definir el nuevo esquema de obra pública, en el quinto piso tuvo lugar una cumbre con empresarios de todos los sectores por la deuda comercial.
El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el director del Banco Central, Alejandro Lew, y el secretario de Coordinación, Juan Pazos, quien responde directamente a Caputo, les pidió a los ejecutivos que le alcancen propuestas antes del próximo lunes para diseñar los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) y que las empresas puedan acceder a dólares.
Los títulos se suscribirán en pesos y se pagarán en dólares, con plazo hasta el 31 de octubre de 2027. Serán a 1, 2, 3 o 4 años, con un cupón anual del 5%. El impuesto PAIS será cero para el que suscriba el bono a cuatro años e irá aumentando a medida que se achique el plazo. Así, habrá premio para quien más patee para adelante el pago de la deuda.
«Están armando un menú de bonos, nos pidieron que les acerquemos propuestas», dijo un empresario que participó de la reunión, en la que estuvieron presentes la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), los fabricantes de autos (ADEFA), Ternium (grupo Techint), UIA, CAC, la cámara de importadores (CIRA) y entidades pyme.
Los funcionarios estiman que la deuda comercial acumulada entre bienes y servicios roza el récord de US$ 65.000 millones. En ese marco, ratificaron la idea de que la AFIP abra un registro para determinar cuánto es la deuda importadora total a cancelar y evitar que haya avivadas. Entre las empresas, estiman que el beneficio será utilizado por «quienes más tengan espalda».
Caputo reveló el martes en una reunión con economistas que el objetivo es retirar los pesos de la economía a cambio del bono del Banco Central. La expectativa es que el BCRA empiece a comprar dólares y que se licúe y canjee voluntariamente el stock de Leliqs/pases, si los importadores usan depósitos en pesos para pasar a comprar el bono.
Hay un efecto colateral no menor: sube la deuda en dólares del Banco Central y el pasivo consolidado del sector público. Y al asumir, una deuda “hard dollar”, el Gobierno se estaría alejando aún más de la ruta de la dolarización. «Estos bonos no son “licuables” como las Leliqs, y empeoran significativamente el balance del Central», advierte el IERAL.