Un nuevo frente de conflicto se le abre al Gobierno con los gremios estatales: una auditoría busca recortar las horas extras y los adicionales que cobran muchos empleados públicos que, se asegura, en algunos casos superan el monto del sueldo básico. «El problema es que hoy la mitad de los salarios del sector no superan la línea de pobreza», se excusó una fuente de ATE consultada.
Es que según la visión de los gremios estatales se trataría de un nuevo «golpe de efecto» que buscaría dar el Ejecutivo pero que dé ningún modo movería el amperímetro en su «guerra» contra el déficit fiscal. De igual modo, citaron el caso del decreto 84 que ordena la baja de los contratos firmados en 2023 que, según las primeras previsiones, no alcanzaría los 7 mil notificados oficialmente porque muchos de estos empleados estaban comprendidos por las excepciones incluidas en el congelamiento dispuesto por la efímera ministra Silvina Batakis (Economía), en 2022.
Ahora la «exhaustiva» auditoría que mandó a realizar el mencionado decreto también ha detectado casos de estatales que, por ejemplo, tienen ingresos por $450 mil pero que en el conformado salarial la mitad correspondería a horas extras y otros ítems adicionales.
Se trata de agentes de «categorías bajas» que revisten en la Secretaría General de la Presidencia, en Jefatura de Gabinete o el ministerio de Economía, choferes, mozos, personal de seguridad pero también administrativos. En este sentido, citan como ejemplo el caso de un agente que gana $473 mil de bolsillo, con un sueldo básico de $178.225 y una «compensación» de $162 mil, entre otros suplementos que hacen al conformado salarial.
Todos están regidos por contratos que hoy están siendo revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.
Al parecer, el plan oficial pretende recortar o poner topes al pago de horas extras y otros suplementos con el objetivo de achicar el gasto. «El problema es que si les sacan esos adicionales quedarían sueldos de hambre. Está todo tan mal que muchas veces estos empleados no quieren ascender en su carrera porque ganarían menos porque perderían la parte supletoria», reconoció un dirigente de UPCN consultado.
La cuestión es que hay preocupación entre muchos trabajadores estatales que temen ver recortados sus ingresos en un contexto de altísima inflación. «Nos quieren hacer trabajar 6 horas para no pagar extra», se quejó esta semana un custodio que suele transitar un edificio público ubicado en el microcentro.
En los gremios sospechan que si finalmente el Gobierno no pudiera avanzar con un recorte en la planta estatal vía la eliminación de distintos organismos, en caso se trabe el paquete de leyes propuesto al Congreso que pretende privatizar 41 empresas públicas, avanzaría en un achicamiento del gasto vía la licuación de los salarios. «Pero la plata que se destina a sueldos en el Estado es marginal. Sería un gesto simbólico avanzar con esto», abundó el gremialista de ATE.
En este contexto, los gremios estatales reconocen que en este momento están peleando para rever varios casos de los despidos contemplados en el decreto 84. Y que seguramente continuarán la negociación paritaria con el Ejecutivo una vez conocido el índice de inflación de diciembre. «No es el mismo un 25% que un 30% de IPC. Igualmente lo que den no va a ser un aumento sino un intento de recomponer ingresos», concluyó, pesimista, el dirigente de UPCN.