Luego del traspié de la Ley Ómnibus y de un verano con una cosecha legislativa nula, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para cambiar la fórmula de actualización automática de las jubilaciones y pensiones que instauró el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2020. La intención del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo es reemplazar ese mecanismo -que rige hoy- por uno que permita ahorrar al Estado en la cuenta más onerosa que tiene que pagar todos los meses: el enorme financiamiento del déficit en el sistema previsional.
La fórmula que votó el Congreso por impulso de Fernández determina que las jubilaciones y pensiones se actualizan en base a la evolución de dos índices: la recaudación de la Anses y los aumentos salariales de los trabajadores. Esos aumentos, sin embargo, se aplican con un retraso de cuatro meses. Por ejemplo, desde marzo, los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 27,18%, que recogerá las variaciones de salarios y de la recaudación de la Anses entre octubre y diciembre de 2023.
El gran temor del Gobierno, y por eso quiere que la fórmula se cambie a partir de abril, es lo que puede pasar a partir de junio, cuando toque aumentarles a los jubilados según los incrementos salariales y de recaudación de la Anses de enero, febrero y marzo.
Todos los cálculos indican que, luego de la inflación de 25,5% en diciembre, con una de 20,6% en enero, otra de 15% estimada para febrero y apenas unos puntos menos en la previsión de marzo, la combinación del índice de aumento de salarios y de la recaudación previsional puede arrojar una suba en las jubilaciones de entre 40% y 50%. Esa suba deberá ser afrontada por unas arcas públicas castigadas por la caída de la recaudación producto de la recesión y de un período de desaceleración de la inflación que el propio Gobierno espera para ese momento.
Para evitar esa situación, Caputo y Milei estudian una nueva fórmula que a partir de abril aumente las jubilaciones siguiendo únicamente la evolución de la inflación. La clave del ahorro para el Estado -y el consecuente perjuicio para los jubilados- es que Economía no quiere compensar los haberes recuperando toda la pérdida del poder de compra sufrido en el verano: el oficialismo sólo ofrecerá aumentar las jubilaciones y pensiones en un 15% antes de poner en marcha la nueva fórmula. Para decirlo de otro modo: en lugar del aumento del 40% o 50% que arrojaría la fórmula vigente, el Gobierno quiere dar sólo un 15%.
Los funcionarios de La Libertad Avanza ya les transmitieron a varios legisladores del PRO los lineamientos generales de la reforma, pero aún no comenzaron a buscar el consenso que necesitan fuera de sus aliados más próximos para que la ley sea aprobada. Hoy, con el Presidente embarcado en peleas diarias con gobernadores y los principales dirigentes de la oposición dialoguista como la UCR y el bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, ese consenso parece muy lejano.
Buena parte de esos espacios, que antes estaban unificados en Juntos por el Cambio, concuerdan en que la fórmula actual es mala porque perjudica a los jubilados en momentos de crecimiento y desfinancia al Estado en los períodos de caída de la economía. Por eso, prefieren que los haberes de jubilados y pensionados estén atados a la inflación y se actualicen según el índice que releva mensualmente el INDEC.
Las divergencias están en el período de “empalme” entre la vigencia de la nueva y la vieja fórmula. Caputo pretende que ese empalme le sirva para ahorrar presupuesto arrancando la actualización por inflación desde un momento en que las jubilaciones sean bajas, y radicales y federales intentarán que la nueva cuenta arranque desde un nivel más alto, de manera de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los ingresos del sector pasivo en los últimos meses.