La “marea verde” que nació en Argentina en 2018 para reclamar el aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en un emblema de lucha de mujeres no solo en la Región sino en el mundo. Los pañuelos verdes también. “Abortion is freedom (el aborto es libertad)”, dicen las green bandannas replicadas por activistas de Estados Unidos que trabajan para revertir las consecuencias de la decisión de su Corte Suprema, que en 2022 derogó la protección constitucional para abortar. Desde el poderoso país del Norte miran al Sur: a pesar de las políticas regresivas del gobierno libertario, Argentina sigue siendo faro de derechos sexuales y reproductivos.
Que Argentina sea un ejemplo a seguir se explica por la historia y el recorrido de los movimientos feministas y de derechos humanos, y por su batería de leyes progresistas, como las de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), Parto humanizado (2004), Educación Sexual Integral (2006), Protección Integral de las Mujeres (2009), Matrimonio Igualitario (2010), Identidad de Género (2012), Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020), Cupo Laboral Travesti-Trans (2021). La ley que prohíbe el despido de mujeres embarazadas y les otorga licencia por maternidad cumplió cien años en 2024.
En Estados Unidos, por ejemplo, no existen normas con estos estándares. Las mujeres no tienen días por maternidad: si trabajan deben tomarse vacaciones para cuidar a sus bebés. Tampoco se entregan anticonceptivos gratis: quien quiera usarlos debe comprarlos, y son caros. La desatención en los embarazos es lo más frecuente, como el maltrato en el parto, sobre todo entre mujeres negras, a las que consideran que “tienen mayor resistencia al dolor”.
Y todo empeora desde la revocación del fallo de la Corte en 2022, que profundizó las desigualdades en la atención y el acceso al aborto. Expertas sobre el tema aseguran que la tasa de mortalidad materna e infantil aumentó por primera vez en 20 años, sobre todo en los Estados más restrictivos. Una de cada tres mujeres en edad reproductiva (son 65 millones, el 20 por ciento de la población) viven en estados donde ahora el aborto está prohibido o es prácticamente inaccesible. Muchas deben viajar miles de kilómetros para ser atendidas y el miedo crece cada día, a la par de la criminalización.
Compartir experiencias
“Queremos conectar a los países de Latinoamérica con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Queremos que la gente tenga la libertad plena para vivir las vidas que quieran, y en este sentido, quienes legislan son cruciales. La agenda global de derechos no puede estar fragmentada”, dice Paula Avila-Guillén, directora Ejecutiva de WEC (Women’s Equality Center), organización que trabaja para expandir los derechos reproductivos en la Región.
“En los últimos cinco años Argentina, Colombia y México cambiaron sus políticas de aborto. Honduras liberó los anticonceptivos. Es decir, los cambios sí son posibles. La marea verde nació en Argentina pero se esparció por toda Latinoamérica. Pusieron en agenda el aborto, la educación sexual integral, las licencias. Tenemos que aprender de Argentina”, agrega Avila-Guillén, pero también advierte sobre “lo que puede pasar en Argentina con Milei, con un gobierno parecido al de Trump”.
WEC, junto a State Innovation Exchange (SIX), juntaron a legisladoras de la región para que compartan sus experiencias, desafíos y oportunidades sobre políticas de aborto en sus países. En Estados Unidos, luego del fallo que permitió a cada Estado regular o prohibir el aborto, quedó claro que los cambios políticos afectan la autonomía, la libertad y la salud, sobre todo de mujeres y grupos vulnerables, y que la organización colectiva parece ser la clave ante este escenario. Argentina tiene una larga historia en ese sentido.
“Tenemos ley de salud sexual y reproductiva, anticonceptivos gratis, educación sexual integral, leyes de violencia obstétrica y parto respetado, un plan contra el embarazo no intencional en la adolescencia, 90 días de licencia, aborto. Y gran parte de todos estos logros fue de los movimientos feministas y de la marea verde, que presionaron a los legisladores”, dice Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro de Visitantes del Capitolio, En Washington DC. La escuchan referentes de organizaciones no gubernamentales y asesores de legisladores de los Estados Unidos.
Siendo legisladora del PRO, Tagliaferri fue una de las “sororas” que en Argentina luchó desde el Congreso para legalizar el aborto: “Sabemos que no son derechos marcados en piedra, y que nuestro actual presidente avanza para hacernos retroceder en los derechos conquistados. Milei es el hijo predilecto de Trump. Tenemos que estar unidas y en alerta. Lo que queda claro es que el sueño americano no incluye a las mujeres“.
“En Estados Unidos la salud no es un derecho humano, y para exigir que lo sea se necesita un marco normativo. El problema es la desigualdad, y la pobreza. Si en América Latina funcionan las cosas es por la sororidad. No hay mayor amenaza al patriarcado que la organización de las mujeres. Si la sociedad está organizada, no hay político que no tiemble“, asegura la ex diputada del Partido del Trabajo (PT), la mexicana Mónica Silva Ruiz, actual síndica municipal de Puebla.
Las primeras muertas de un país desigual
Las reuniones incluyeron encuentros en Washington DC y Atlanta, Georgia, dos Estados que tienen posturas distintas sobre el aborto. Mientras en el Sur parecen tener la decisión política de no defender a las mujeres, Washington sigue siendo más progresista. De todas maneras, los fondos públicos se recortan en todo el país.
“Es muy triste lo que sucede hoy en Estados Unidos. Y cada vez hay más disparidad según la clase y la raza”, dice una legisladora de Maryland. Allí el aborto sigue estando permitido, pero las clínicas están saturadas por la cantidad de mujeres que viajan de otros Estados. Y si bien la mayoría de las interrupciones se hace con pastillas, el envío de medicamentos se complica día a día, como la atención virtual de los médicos, que pueden ser penalizados.
Candi Miller tenía 41 años, diabetes, lupus, hipertensión y tres hijos. Los médicos le habían advertido que su cuerpo no soportaría otro embarazo. Amber Thurman tenía 28 años, era madre soltera de un niño de 6 y estudiaba Enfermería para poder tener un trabajo mejor pago. Las dos eran negras y vivían en Georgia. Las dos intentaron terminar con los embarazos y sufrieron complicaciones que no fueron atendidas en ningún centro de salud por las restricciones. Las dos murieron.
Sus historias se volvieron emblema desde que la Corte derogó la protección constitucional. Georgia se transformó en uno de los Estados con mayores barreras contra el aborto, al aprobar una ley que admite el procedimiento hasta la sexta semana de gestación, cuando aún muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Al día de hoy, al menos 14 Estados del Sur prohíben la interrupción del embarazo casi por completo o con escasas excepciones. Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental tienen prohibiciones casi totales. Georgia, Florida, Iowa y Carolina del Sur tienen un límite gestacional de seis semanas; Nebraska y Carolina del Norte de 12; Utah de 18 y Montana después de la “viabilidad”.
En Arizona, Alaska, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Massachussetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington el aborto es legal y tiene protecciones constitucionales.
“Las restricciones al aborto desfavorecen la salud en general, sobre todo en mujeres negras, el 50% viven en Estados con accesos limitados o restrictivos. La tasa de mortalidad es más alta en mujeres negras, llega al 30 por ciento, contra el 22 por ciento de las blancas– asegura Breanna Lipscomb, del Centro para los Derechos Reproductivos-. Ya hay amenazas a las organizaciones que reciben financiamiento. Necesitamos apoyos legales para quienes brindan estas prácticas y fondos que financien centros que ayudan a las mujeres porque Trump desmanteló todos los programas“.
A diferencia de Estados Unidos, el aborto en Argentina es ley nacional de aplicación en todo el país. A poco de asumir el gobierno libertario intentó derogar la ley de IVE con un proyecto presentado por sus legisladores, pero no lo logró. Lo que hizo entonces fue desfinanciarla: no compró ni distribuyó más insumos. El Estado nacional se desentendió del tema y ahora cada provincia debe hacerse cargo.
Milei ya se pronunció contra este derecho, al que define como “un asesinato agravado por el vínculo”, y lo enmarca en la “agenda sanguinaria y asesina” del “wokismo”.
La semana pasada una multitud se movilizó en Argentina en una marcha “antifascista” contra el presidente. Este miércoles, miles de personas marcharon en Estados Unidos contra las políticas de Trump bajo el hashtag #buildtheresistance (construir la resistencia). Muchas similitudes. Mucho para enseñar, aprender y compartir.