Según un grupo de legisladores nacionales, no es justo ni se debe coaccionar económicamente a las PyMEs a pagar cuotas solidarias obligatorias
23/04/2025 – 20:39hs
Con la premisa de no coaccionar económicamente a las PyMEs con pagos de cuotas solidaria obligatoria y ser un trato supuestamente injusto, el cual suprime libertades, Gerardo Milman, diputado del PRO, con el apoyo de otros legisladores, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley.
Este busca derogar los aportes solidarios obligatorios en el sector privado, aunque fundamentalmente apunta a aquellos que afectan a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), empresas que generan una gran parte del trabajo registrado en el país.
Diputados buscan decirle adiós al aporte solidario obligatorio
La propuesta busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo para garantizar que ninguna empresa o trabajador sea obligado a contribuir económicamente con entidades a las que no están afiliados voluntariamente.
“El objetivo es derogar los aportes solidarios obligatorios que hoy pesan injustamente sobre empresas que no han elegido ser parte de ninguna asociación o cámara empresarial”, resaltó Milman al dar a conocer la propuesta. Para el legislador, se trata de un paso en favor de la libertad económica: “En el marco de un espíritu de época, debemos darle libertad a las PyMEs de disponer de sus recursos para invertir en el desarrollo de sus empresas, sus productos o en lo que consideren prioritario”, aseguró.
En esa línea, el diputado considera que esta práctica atenta contra los principios de equidad y autonomía: “Así como los trabajadores deben tener la libertad de disponer de sus ingresos sin estar obligados a aportar a un gremio, las empresas deben tener la misma libertad sin verse forzadas a financiar cámaras empresariales o asociaciones que no eligieron”.
El funcionario también hizo hincapié en la desigualdad jurídica que este esquema representa. “Las personas físicas tienen derecho a disponer de su dinero; las personas jurídicas también. Sin embargo, esta igualdad se ve vulnerada cuando se impone, de manera coactiva, un ingreso automático a favor de determinadas entidades, lo que configura una renta de posición injustificada”, argumentó.
Según información de prensa especializada citadas por el diputado, los descuentos por “cuotas solidarias” rondan entre el 1% y el 3% del salario mensual, aunque en sectores como la pesca alcanzan el 4%. También se mencionan convenios colectivos de aceiteros y tintoreros que imponen estas contribuciones de manera generalizada.
“La representación genuina debe sostenerse sobre la afiliación libre y el aporte voluntario, no sobre la coacción económica. Por eso proponemos eliminar los aportes solidarios para quienes no son afiliados. Solo quienes adhieran a una entidad empresarial deben sostenerla económicamente, conforme a los principios constitucionales y al respeto por la libertad individual“, finalizó Milman.
El resumen del polémico proyecto de ley
El objetivo principal del proyecto consiste en aplicar modificaciones en el artículo 132, inciso c) de la Ley de Contrato de Trabajo para eliminar los aportes solidarios obligatorios a asociaciones sindicales o empresariales cuando el trabajador no haya dado su consentimiento explícito.
Dentro de sus principales puntos se encuentran:
- Se busca garantizar que los aportes sindicales o a cámaras empresarias solo sean válidos si el trabajador los autoriza expresamente
- El proyecto considera que los aportes solidarios actuales afectan negativamente el salario real de los trabajadores del sector privado
- Cuestiona la legitimidad de imponer contribuciones a entidades que los empleados o empleadores no eligieron integrar ni consideran representativas
- Sostiene que este tipo de obligaciones representa una coacción económica contraria a la libertad individual
- Se estima que las cuotas solidarias alcanzan entre el 1% y el 4% del salario, dependiendo del sector (por ejemplo, pesca, aceiteros, tintoreros)
- Plantea que solo quienes adhieran voluntariamente a una organización deben sostenerla económicamente
Con respecto a su implementación, de aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su promulgación. Por último, con relación al fundamento ideológico, el proyecto se inscribe en una visión de fortalecimiento de la libertad individual y del principio de afiliación y aporte voluntario, en contraposición al sistema actual que, según los autores, impone cargas sin representación legítima.