Petroquímica Río Tercero (PR3), una de las principales industrias químicas de la ciudad, notificó al Ministerio de Trabajo de Córdoba que no podrá cumplir con el pago de los haberes correspondientes a junio ni con la primera cuota del aguinaldo. El aviso encendió la alarma en el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), que respondió con una asamblea nocturna y declaró el inicio del trabajo a reglamento.
La firma, que se encuentra en un proceso de reconversión desde fines del año pasado, justificó la situación en un documento firmado por su apoderado legal. Según la presentación oficial, la empresa aún arrastra las consecuencias económicas del cierre de su planta de TDI (diisocianato de tolueno), anunciado en octubre de 2024, producto de la imposibilidad de competir con el producto importado desde China.
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El cierre de esa unidad, que producía un insumo clave para la fabricación de goma espuma, colchones y componentes automotrices, implicó la desvinculación de 125 trabajadores.
Actualmente, PR3 opera con una estructura más reducida y centra su actividad en la producción de policloruro de aluminio (PAC), usado en procesos de potabilización de agua, además de otros compuestos químicos de menor escala. Antes del cierre de la planta de TDI, la compañía empleaba a 375 personas.
El conflicto derivado de la falta de pagos será tratado este jueves 26 en una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, donde se intentará acordar una alternativa viable. La empresa pidió formalmente discutir con el sindicato un esquema de pagos ajustado a sus “posibilidades actuales”.
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Sin embargo, desde el SPIQyP rechazaron de plano esa posibilidad. “Acompañamos cada una de las decisiones que la empresa tomó, pero en este caso, tocar el salario, el sustento de nuestras familias es intolerable. A partir de las 21 de este lunes 23 de junio comenzamos a trabajar a reglamento, con asambleas sorpresivas”, expresaron desde la conducción gremial.
Otros afectados
El impacto de la crisis de Petroquímica no se limita a su propia estructura. También afectó fuertemente a Fábrica Militar Río Tercero, que le proveía casi la totalidad del ácido nítrico necesario para la elaboración de TDI. Desde la pérdida de ese cliente, la planta estatal redujo drásticamente su volumen de producción y perdió su principal fuente de ingresos.
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El escenario adverso se completa con Atanor, la tercera gran empresa del polo químico riotercerense. La compañía, de capitales estadounidenses, afronta dificultades para sostener su competitividad en el mercado local frente al aumento de las importaciones. En abril de este año, firmó un acuerdo con el gremio para evitar despidos y suspensiones hasta octubre de 2025, a cambio de postergar ciertos pagos obligatorios, aunque sin afectar sueldos ni paritarias.
Atanor emplea actualmente a unas 350 personas en Río Tercero, de las cuales 188 están bajo convenio colectivo. La situación en sus otras plantas, ubicadas en Pilar y San Nicolás (Buenos Aires), también muestra señales de deterioro: en esta última hubo cesantías hacia finales del año pasado.
En conjunto, las tres industrias —Petroquímica, Fábrica Militar y Atanor— sostienen de manera directa alrededor de 900 puestos de trabajo en la ciudad, pero todas enfrentan, en distintos grados, tensiones económicas que ponen en riesgo la estabilidad del sector químico local.