En la controversia por el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, contra la Argentina y a favor de los fondos buitre Burford Capital y Bainbridge, a quienes ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF y la cesión de acciones en su poder, respectivamente, el presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se apuntaron mutuamente por las responsabilidades. Desde una posición en apariencia soberana, Kicillof sentenció “YPF no se vende” y defendió la forma en que se realizó la expropiación. Pero omitió “detalles” importantes que favorecieron a los fondos buitres y al imperialismo norteamericano haber llegado a esta situación.
Por su parte, el ex Ministro de Economía, señaló una contradicción manifiesta de la posición de Milei en relación a que el Gobierno apeló al fallo de la jueza norteamericana, pero le terminó dando la razón al señalar que la culpa es de la Argentina. “Es peligroso que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes, contradice la defensa del interés nacional”, señaló Kicillof. Asimismo, afirmó que el fallo de la jueza Preska no tiene validez legal, “está por fuera de sus competencias”.
El gobernador bonaerense intentó mostrarse en defensa de los intereses nacionales y justificó la decisión de expropiar la parte mayoritaria de YPF, la cual asimismo fue sancionada en forma mayoritaria por una ley en el Congreso. Sin embargo falla en explicar por qué se avanzó tanto con el saqueo de la matriz hidrocarburífera argentina y su responsabilidad concreta. Incluso reprochó a la española Repsol por no haber desarrollado Vaca Muerta.
“Por culpa de Repsol falta combustible y divisas. La privatización de YPF terminó en un descalabro”, afirmó Kicillof para explicar la decisión de expropiar la empresa petrolera en 2012. “Hubo que recurrir a la expropiación”, señaló, casi a su pesar por el significado político de retirarle a las empresas el control sobre recursos estratégicos. Para fundamentar esta decisión y no quedar mostrándose contrario a los intereses de los empresarios, planteó que en manos de Repsol durante casi 12 años, entre 1999 a 2012, la petrolera presentó caída en la producción de petróleo y también de gas, reduciendo la cantidad de reservas y obligando a importar.
¿Qué pasó con Chevron?
En el año 2012 no hubo expropiación integral de los recursos y de la infraestructura. De hecho, el 83% de la producción de petróleo y el 88% del gas continuaron en manos privadas -incluyendo la parte privada de YPF-, en su gran mayoría empresas imperialistas.
Lo que llaman “expropiación” fue una recompra de acciones a Repsol, empresa que realizó tal vaciamiento como denunció el propio Kicillof, pero a quien se le recompensó por 15 años de vaciamiento. Esa medida tampoco cuestionó la posibilidad de litigios en tribunales extranjeros, lo que habilita en parte la intervención de la jueza neoyorquina.
Un año después en el 2013, con la “soberana” YPF en manos mayoritarias estatales, se realizó un acuerdo con la empresa norteamericana Chevrón para la explotación de Vaca Muerta en Neuquén, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo. Este acuerdo contenía cláusulas secretas y enormes beneficios fiscales y garantías legales. El pacto se realizó reprimiendo a quienes se manifestaban en su contra y denunciaban esta entrega. Un verdadero un “estatuto de coloniaje” contrario al discurso “nacional y popular” del gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof de entonces.
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El acuerdo entre Eskenazi y Kirchner
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la familia Eskenazi adquirió una participación significativa en YPF. Este movimiento fue facilitado por un acuerdo que permitió a los Eskenazi comprar acciones de la empresa sin desembolsar dinero inicialmente, utilizando los dividendos futuros para pagar la compra. Así llegaron a adquirir hasta el 25% de las acciones de YPF, que en la retórica del momento se presentaba como una “argentinización” de la petrolera. Este acuerdo muestra el beneficio a un grupo empresarial cercano al poder político en detrimento del interés público.
Luego de la recompra de YPF, entre los empresarios que litigaron se encontraba el Grupo Eskenazi, que posteriormente vendió los derechos a los fondos especulativos como Burford Capital. Burford pagó U$S 17 millones por los derechos de juicio de los Eskenazi y al mes comenzó la demanda. Ahora exige mil veces más: U$S 16.100 millones más el cobro de intereses. No es la primera vez que el grupo Burford busca hacer negocios con a costa de beneficiarse del país. También intervino en el caso de Marsans, la exdueña de Aerolíneas Argentinas.
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¿Soberanía energética?
Es necesario defender YPF y el conjunto de los bienes comunes naturales. Es necesario defender nuestra soberanía frente al saqueo de los buitres y el imperialismo. Quienes pueden hacerlo realmente porque son los verdaderos interesados en la soberanía nacional puesta al servicio del desarrollo genuino en forma cuidadosa con el ambiente y la resolución de las necesidades sociales son los propios trabajadores, en alianza con las comunidades originarias y el pueblo pobre.
Avanzar en la soberanía energética implica una nacionalización íntegra de todo el sistema hidrocarburífero, desde la explotación hasta la refinación, sometiéndolo al control de sus trabajadores. Eso permitiría que la organización de este sector estratégico no quede subordinada a la estrecha perspectiva de rentabilidad empresaria ni se habilite sin cuidados ambientales la explotación no convencional.
Desde la izquierda, Myriam Bregman planeó en ese sentido que “Más bien REPSOL, los involucrados en la llamada renacionalización (los empresarios, los bancos, los fondos buitre y quienes hicieron todo tipo de chanchullos) son los que deberían indemnizar al país y no al revés. No se les tendría que haber dado un peso y, en cambio, nacionalizarse para que YPF sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos”.
Frente al avance del imperialismo sobre los recursos estratégicos del país, imponiendo fallos colonialistas, es necesario desconocer esos mecanismos de saqueo. Romper los lazos de subordinación y ajuste que implica también estar bajo el régimen del FMI.