“El ARCA instrumentó ayer un mecanismo en virtud del cual los importadores que han ingresado este gravamen van a poder instrumentar un procedimiento”, explicó Marcelo Rodríguez, tributarista, en Canal E, sobre la reciente medida de la AFIP (ARCA) para devolver el impuesto PAÍS a las empresas que lo abonaron antes de su derogación.
Según el especialista, el procedimiento ya está vigente y permite a las empresas inscribirse hasta el 22 de agosto en un registro que acreditará el monto del saldo a favor. “Una vez que el fisco lo convalide, se te da un plazo de hasta 24 cuotas para utilizarlo contra futuros despachos de importación”, precisó.
Aclaró que no se trata de una devolución directa en efectivo, sino de un mecanismo de compensación futura. Además, se aplicará un interés del 6% anual, pero “no vas a tener resarcimiento por el plazo entre que vos pagaste ese derecho y el día de la presentación”, señaló.
Rodríguez también advirtió que hay empresas que ya iniciaron procedimientos judiciales para reclamar la devolución directa. “Aquellos que iniciaron un reclamo administrativo debieran desistir si quieren subirse a esta resolución general que el fisco impulsa”, comentó, aunque puso en duda que las firmas involucradas desistan fácilmente de esos reclamos.
Críticas a los plazos y al impacto real
“El plazo de devolución es muy extenso”, subrayó Rodríguez, poniendo en contexto los efectos financieros: si una empresa busca recuperar 300 mil dólares en 24 cuotas en pesos, con una inflación anual del 25%, el resultado neto es negativo. “Va a recuperar tan solo el 6% de tasa de interés, con lo cual pierde en términos reales”, afirmó.
Sobre cuántos importadores están alcanzados por la medida, el tributarista fue claro: “Las empresas que entendemos que importan están todas en estas circunstancias”. Sin embargo, dijo no contar con datos precisos sobre el número total de afectados.
Consultado por la posibilidad de una reforma tributaria integral, Rodríguez apuntó que si bien hubo reducciones parciales de impuestos –como en bienes personales o aranceles a la exportación– “para seguir bajando impuestos hay que insistir con la baja del gasto público y cohesionar esta estrategia con las provincias”. Advirtió que los gobiernos provinciales no cederán recursos genuinos como ingresos brutos, patentes o sellos sin garantías de coparticipación de fondos nacionales.
También destacó que los tributos más pesados son los que afectan directamente al consumo. “Los impuestos más gravosos son los impuestos al consumo, a los débitos y créditos, ingresos brutos, tasas municipales”, remarcó.
Impuestos encubiertos y desregulación: ¿y el costo político?
Al referirse al polémico impuesto a los combustibles y su vínculo con la disolución de Vialidad Nacional, Rodríguez fue crítico: “Todos los gravámenes que se ocultan detrás del precio de transferencia de la compra de un bien generan un impacto inflacionario”.
Consideró que el consumidor muchas veces desconoce cuánto del precio final corresponde realmente a impuestos. “Por ahí el 45% es un arancel y el contribuyente no tiene debido conocimiento de eso”, advirtió.
El especialista también tocó un tema sensible: la reducción del gasto público y su impacto laboral. “Cuando transitás un camino tan áspero como es la reducción del gasto público, tenés que sopesar la reducción de cargas públicas frente a los conflictos laborales que eso genera”, expresó.
Finalmente, Rodríguez concluyó con un tono realista: “En buena hora el fisco lo ha reglamentado, no parece ser muy atractivo, pero bueno, es lo que hay”.