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Enriquecimiento ilícito: la Justicia confirmó cuentas bancarias de Cristian Ritondo

La Justicia confirmó cuentas bancarias y financieras a nombre de Ritondo y su pareja

A la causa que tiene al diputado del PRO como protagonista, se le sumó otro capítulo. La firma Emprendimientos Rivadavia S.A., en la mira

10/07/2025 – 19:35hs

La causa de Cristian Ritondo, el cual es investigado por desarrollos inmobiliarios por más de 55 millones de dólares en CABA y Pinamar, acaba de sumar nuevas pruebas documentales que estarían reforzando la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

En línea con la causa CFP 5212/2024, caratulada “Ritondo, Cristian Adrián y otros s/enriquecimiento ilícito y otros“, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, la cual se encuentra a cargo del juez Sebastián Ramos, y fue iniciada por una denuncia del abogado Jeremías Rodríguez, el fiscal federal Eduardo Taiano recibió respuestas clave a los oficios remitidos a entidades bancarias y financieras.

Nuevo giro en la causa que enfrenta Cristian Ritondo por enriquecimiento ilícito 

Los documentos oficiales confirman la existencia de cuentas activas a nombre de Cristian Ritondo, su pareja Romina Diago y la firma Emprendimientos Rivadavia S.A., constructora señalada como vehículo del patrimonio inmobiliario que este medio reveló en una serie de investigaciones.

INVIU S.A.U. notificó que los tres involucrados mantienen cuentas comitentes activas. De hecho, la de Ritondo fue abierta el 10 de abril de 2024; la de Diago, el 9 de junio de 2023; y la de la constructora, el 12 de abril de 2024. Asimismo, el Banco Santander informó que Ritondo y Emprendimientos Rivadavia son clientes de la entidad, mientras que Diago no registra productos financieros.

En paralelo, el Banco Provincia de Buenos Aires detalló que tanto Ritondo como su pareja son clientes de la institución, no así la empresa constructora. Estas confirmaciones bancarias se suman al entramado societario e inmobiliario que fue confirmado por la justicia, incluyendo el hallazgo de un “imperio inmobiliario” a nombre de la constructora de Ritondo en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el fiscal Taiano también investiga la adquisición de inmuebles de lujo a través de sociedades offshore en Estados Unidos, como Go For More LLC, registrada en Miami —nombre que replica el eslogan del PRO, “¡Vayamos por más!”—, y la sociedad Ardax S.A., declarada por Ritondo en Uruguay.

Cabe resaltar que este avance en la causa se da en un momento político particular: ayer, Karina Milei y Cristian Ritondo oficializaron el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Los inmuebles a nombre de la constructora investigada

Según el informe, Diago figuraría como titular de dos inmuebles en la Ciudad: uno ubicado en Solares de Donato I, en Arregui 5137 (matrícula 15-81210/8), y una parte indivisa en Cátulo Castillo 3118 (matrícula 2-10058/2).

Asimismo, de acuerdo al Registro de la Propiedad Inmueble, la empresa aparecería como titular de 63 inmuebles y registraría además 136 movimientos registrales correspondientes exclusivamente a operaciones de compraventa de unidades funcionales de los diferentes desarrollos de Emprendimientos Rivadavia SA en la Ciudad de Buenos Aires.

En al menos cuatro proyectos, como es el caso Solares de Donato XII en Julián Álvarez 1129, aparecerían en la página de la empresa 25 unidades en venta, aunque registralmente solo se encontró una matrícula a nombre de Emprendimientos Rivadavia S.A. La diferencia entre lo construido y lo registrado resalta la necesidad de profundizar en el análisis patrimonial.

Cabe mencionar que las propiedades a nombre de Diago y de la constructora de Ritondo confirmarían un patrón: más de 370 unidades funcionales en CABA y Pinamar, valuadas en más de u$s55 millones. Si bien Cristian Ritondo no aparece como titular directo de inmuebles, sí lo hace su entorno más directo. De hecho, según su última declaración jurada, el diputado reporta poseer el 83% de Emprendimientos Rivadavia S.A., valuada en apenas $1.389.258.086,26.

Lo que comenzó como una serie de investigaciones documentales, hoy se traduce en medidas judiciales concretas. La verificación del Registro estaría evidenciando el uso de estructuras societarias y familiares para acumular patrimonio sin dejar huella directa a nombre del funcionario.

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