Como lo viene cubriendo La Izquierda Diario, las personas con discapacidad, sus familias y quienes sostienen sus tratamientos (salud, educación, transporte y otros ítems) están decididas a no seguir siendo la “variable de ajuste” de las políticas eugenésicas y deshumanizantes que, pese a tener una larga historia en el país, se han profundizado bajo el gobierno de Javier Milei.
La gravedad de la situación impulsó una serie de movilizaciones que fueron in crescendo desde mediados de mayo y, gracias a su masividad, lograron que el proyecto de “Emergencia en Discapacidad” obtuviera primero media sanción en la Cámara de Diputados y, la semana pasada, sanción definitiva con un voto unánime en el Senado. Tal como lo viene anunciando desde hace rato, el gobierno de La Libertad Avanza vetaría en estos días la ley de reciente aprobación.
En línea con la dureza del Presidente, este domingo la ministra de “Seguridad Nacional” Patricia Bullrich hizo declaraciones sobre el tema en el canal LN+. Entrevistada por José del Río, una vez más, como en otros tantos temas, la funcionaria demostró no tener el menor problema en exponer toda su ignorancia y su impunidad.
Del Río le dijo a Bullrich que le consta que hay muchas familias y entidades no gubernamentales que “están sufriendo mucho con este tema, con problemas de fondo como el de los prestadores”. Y le pidió su opinión ante “esta cuestión muy sensible”. La ministra, lejos de excusarse ante el desconocimiento que tiene sobre el asunto, decidió reproducir una serie de vaguedades propias del discurso libertariano.
Lo primero que dijo Bullrich fue que “toda familia que tenga un miembro, sobre todo un hijo, con una discapacidad va a ser atendida. Y a todo aquel que ha inventado una discapacidad para robarle plata al Estado, se le va a sacar”. Intentando enfriar el tema, agregó que quienes hoy atraviesan serios problemas “no deben pensar que van a sufrir”.
Dándole una vuelta más al tema, se preguntó “¿por qué sufren los discapacitados?” Y en seguida se respondió a sí misma: “Porque si hay cincuenta… no sé el número exacto, pero si hay, pongámosle, uno verdadero, hay uno falso. Entonces, a ese verdadero le llega la mitad” de los recursos.
Del Río le preguntó si se basaba en las estadísticas o registros oficiales. Bullrich balbuceó. “No conozco el número exacto, pero si uno tiene uno que es verdadero y otro que está currando, al prestador del verdadero le van a pagar la mitad”, intentó responder basándose en la imprecisión dicha segundos antes. Y lanzó un ejemplo incomprobable: “Hay pueblos donde tienen el 70 % de discapacitados como si hubiera habido una guerra” ya que “hay políticos que han repartido pensiones a la discapacidad como si fueran un plan social”.
En ese sentido, aseguró que “la mitad, o no sé cuánto del presupuesto porque no tengo el número exacto, es mentirosa. ¿Vamos a seguir pagando falsos discapacitados? No, porque al final después se quejan todos porque cobran poco”.
¿Datos concretos, nombres y apellidos, estadísticas confiables? Nada de nada. Puras generalidades, emitidas desde una pantalla amiga en la que ningún “periodista” se anima a cuestionar de fondo el relato construído a base de fake news y a no hacerse cargo de nada.
“Hay que revisar a los verdaderos, los que realmente sufren y necesitan, y a aquellos que están robándose la plata. Porque le están robando la plata al verdadero”, siguió Bullrich en su línea argumental infundada. “¿Qué queremos nosotros?”, se preguntó. “Ordenar” y distinguir a quienes necesitan “verdaderamente” la ayuda de los que “le roban al Estado”.
Como complemento, la ministra cuestionó a quienes se organizan y movilizan en las calles exigiendo el fin de las políticas oficiales. Los acusó de “tomar una causa” y “el nombre de la Discapacidad” con otros intereses. Y aseguró que “cuando Argentina recupere la verdadera cantidad de discapacitados que tiene y no los falsos discapacitados, esas familias van a recibir mucho más”.
Como se dijo, desde hace años un amplio abanico de organizaciones y familias del sector vienen manifestándose de las más diversas formas, poniendo en agenda los profundos problemas por los que atraviesan, particularmente a raíz de políticas que achican presupuestos, precarizan la actividad de prestadores y demuestran el desprecio estatal a las urgencias de esa porción de la población.
Si bien esas políticas no son exclusivas de la gestión de La Libertad Avanza, el gobierno de Milei-Villarruel, con sus ministros de Salud Mario Lugones y de Capital Humano Sandra Pettovello, hace una bandera de crueldades como el recorte directo de las pensiones que lleva meses afectando a miles de personas que, además, se quedan sin obra social, por lo tanto sin sus prestaciones médicas. A lo que se suma la extrema precarización laboral que sufren quienes trabajan en el sector.
La importante movilización de la semana pasada frente al Congreso, en el marco de la cual el Senado votó por unanimidad la emergencia en Discapacidad, puso nuevamente sobre la mesa la gravedad de la situación. “Están recortando más de 200.000 pensiones no contributivas con auditorías arbitrarias” y “desde hace más de un año no se otorgan nuevas altas”, denunciaron desde la Red en Discapacidad . “Esto representa no poder seguir desarrollando la vida, condena al encierro y al hambre, cuando el 90 % de las personas con discapacidad se encuentran desempleadas”, agregaron.
A su vez denuncian el ataque al monotributo, que es la única forma que tienen muchas y muchos trabajadores del sector para acceder a aportes previsionales y cobertura social. Por eso exigen “trabajo con derechos, bajo convenios de salud y educación, para garantizar tratamientos, continuidad y vidas dignas para las personas con discapacidad y prestadorxs”.
Esas denuncias y exigencias no parecen interesarles a Bullrich, Milei, Villarruel, Pettovello, Lugones y compañía. Por el contrario, si de algo se están encargando desde la Casa Rosada es de seguir provocando al sector que, lejos de agachar la cabeza y acatar esas políticas eugenésicas y deshumanizantes, seguirá en las calles hasta que se atiendan sus demandas y respeten sus derechos.