El reconocido banco estadounidense JP Morgan Chace & Co. deberá afrontar una demanda por parte de una mujer de 85 años, viuda, por no haber impedido que su hijo le desviara US$8 millones de su cuenta bancaria. En los últimos días, el banco perdió su intento de evitar afrontar el juicio.
La damnificada es Susan Kraus, que en octubre del año pasado presentó una denuncia ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (conocida en inglés como Finra) contra JP Morgan y otras instituciones financieras con el objetivo de recuperar los US$8 millones que su hijo, Brett Graham, le habría robado de sus cuentas luego de que muriera su esposo en 2017.
El hijo de Kraus, Graham, se declaró culpable en mayo en la ciudad de Miami por fraude electrónico por haber estafado a su madre con US$8,4 millones. La admisión de la culpabilidad fue parte de un acuerdo con la fiscalía; podría ser condenado a 20 años de cárcel en septiembre.
Los fiscales indicaron que Graham empezó a ayudar a su madre en 2017 cuando ella enviudó. Entonces, comenzó a transferir el dinero de esa cuenta a su propia caja de ahorro a partir de septiembre del 2019.
De acuerdo al expediente, Graham le dijo a su asesor financiero que estaba haciendo inversiones en representación de su madre y que también con ese dinero le estaba pagando la atención médica. Sin embargo, lo gastó en arte y joyas para él.
El banco intentó bloquear el arbitraje con una contrademanda presentada en Nueva York. Alegó que Kraus nunca fue clienta formal de JP Morgan Securities, la división de inversiones del banco supervisada por Finra, sino que solo tenía cuentas corrientes y de ahorro. Según la entidad, eso implicaba que la disputa no correspondía al ámbito del arbitraje financiero, sino a la justicia tradicional.
Sin embargo, el recurso no prosperó y la Finra determinó que los reclamos deben resolverse a puertas cerradas mediante un arbitraje, respetando sus estatutos.
Firmas como JP Morgan, que cotizan en el mercado de Wall Street, se enfrentan a una disyuntiva sobre si pueden ser consideradas responsables de las pérdidas que sufren sus clientes. Con este caso se demostró que la capacidad de los clientes por comprender sus inversiones está comprometida, sobre todo los jubilados estadounidenses.
A pesar de que las empresas someten a sus potenciales clientes a una evaluación para determinar si son lo suficientemente “sofisticados” como para hacer inversiones complejas, es difícil monitorearlos periódicamente una vez que envejecen y sus capacidades cognitivas disminuyen.
“El lavado de dinero y el fraude electrónico ocurren en las instituciones financieras y hemos alegado que estas empresas no tienen políticas apropiadas establecidas o no las siguen para proteger a una persona mayor necesitada”, dijo la abogada de Kraus, Jenice Malecki a Bloomberg. En tanto, el banco no hizo comentarios.