El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá pronunciarse como presidente del Consejo Fiscal sobre la decisión que ha adoptado el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, de apartar a la fiscal adscrita al caso que se instruye en un juzgado de Tarragona de parte de las pesquisas sobre las actividades presuntamente delictivas del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La parte de la instrucción afectada tiene que ver con posible delito de revelación de secretos por el uso por parte de este despacho de sus influencias en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes.
La intervención de Ortiz se enmarcará en el Consejo Fiscal, un órgano de carácter consultivo que representa a la Carrera y que tiene entre sus funciones la de «expresar su parecer» cuando un superior jerárquico «avoca» para sí o designa a otro fiscal para un asunto concreto que llevaba inicialmente otro compañero. Así lo señala el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 23.
La decisión de Luzón se produjo después de que la fiscal García Cerdá, a la que fue designada inicialmente la investigación del juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, recurriera a un mecanismo poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las órdenes iniciales de su jefe de no practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.
Estos correos hacen referencia a la situación fiscal de distintas personas, algunas de ellas de relevancia pública, como son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro de Economía Rodrigo Rato, o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero; así como de particulares como el periodista de ABC Javier Chicote. La postura de la fiscal del caso, sin embargo, no se vio respaldada por sus compañeros, ya que tan solo cuatro de ellos defendieron su criterio frente a los 19 que respaldaron la postura del jefe Anticorrupción.
Informe de la fiscal del caso
Aunque la documentación relativa a la «avocación» decidida por Luzón sobre García Cerdá no ha llegado aún de forma oficial a Consejo Fiscal -tampoco se tiene constancia de la inclusión del asunto en el orden del día de la próxima reunión- algunos vocales sí disponen de información oficiosa sobre este asunto. La propia García Cerdá, con el objetivo de dotar a los vocales de la mayor información disponible, ha remitido un informe completo sobre su actuación en la causa que, según fuentes consultadas por este diario, contendría incluso pantallazos de la documentación afectada por las órdenes de su jefe.
Del Consejo Fiscal, presidido por Álvaro García, forma también parte la jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz, que es precisamente quien la pasada semana abrió diligencias informativas contra la fiscal Carmen García Cerdá por una supuesta falta muy grave de desobediencia respecto a las órdenes dadas por su jefe en la causa. Esta investigación inicial determinará si finalmente es necesaria la intervención del promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, que puede concluir en sanción.
La tercera miembro nata del Consejo es la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, mientras que el resto de vocales son los designados por las asociaciones mediante votación. En la actualidad, la que cuenta con mayor representación, con un total de seis vocalías, es la Asociación de Fiscales, de corte conservador y a la que pertenece la propia García Cerdá.
Un Consejo hostil
Sin embargo, entre sus representantes se encuentra el también fiscal Anticorrupción Jorge Andújar, que fue uno de los integrantes de la Junta de Fiscales que votaron en su contra en la Junta del artículo 27. La Unión Progresista de Fiscales cuenta con dos vocales en el Consejo, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales suma uno más. En el entorno de la fiscal del caso se señala que por esta razón no se espera que el Consejo Fiscal ofrezca mucho apoyo a su criterio, aunque el escrito que ésta ha remitido busca que los vocales cuenten con la mayor información disponible cuando aborden el asunto.
La causa contra equipo Económico –la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigación sobreseída en 2019 por un juzgado de Madrid–, investiga si las personas que dirigen el bufete formarían parte de una trama u organización dirigida a «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables», en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)».
No obstante, la documentación incautada en el curso de las pesquisas hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podría haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho, y la investigación se encontraba a expensas de analizar toda esa información antes de que se produjeran las decisiones de Luzón con respecto a su subordinada.
Se da además la circunstancia de que esta no es la primera vez que la fiscal García Cerdá, que sigue siendo la responsable del resto de la causa, ha visto limitada su actuación en el procedimiento, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. El teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, número dos de Alejandro Luzón, ya le sustituyó cuando el Ministerio Público logró tumbar con un recurso la decisión del magistrado de grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.
El fiscal Romeral consideró que el instructor no había valorado «de forma correcta los diferentes indicios» descubiertos por los agentes, por lo que no estaba justificada «la adopción de una medida tan injerente en los derechos fundamentales» como es controlar el contenido de las llamadas, y presentó un recurso al margen de la propia fiscal del caso. La Audiencia de Tarragona acabó dando la razón al teniente fiscal, al considerar que la decisión del instructor se sustentaba en una denuncia anónima, por lo que los sospechosos no fueron grabados por la Policía Judicial.