El fiscal Gerardo Pollicita se apartó de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a jueces federales e integrantes de la Corte Suprema. Argumentó que al existir una causa que se centra el diputado Rodolfo Tahilade por amenazas y coacción, por una serie de declaraciones y mensajes en sus redes que involucran al fiscal, no puede continuar frente al expediente porque se buscará determinar el rol del referente kirchnerista en la maniobra de espionaje. El juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi aceptó su corrimiento y pidió este miércoles la designación de un nuevo representante del Ministerio Público Fiscal.
Así, Tailhade quedó como imputado en el expediente.
La causa principal tiene por objeto la investigación de la posible existencia de una “organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.
Esta estructura, tenía como finalidad la obtención de datos personales “para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.
A raíz de estas acciones, se encuentran procesados y confirmados por la Cámara de Apelaciones, el joven de Misiones, Ezequiel Nuñez Piñeiro y el ex policía Ariel Zanchetta.
Frente a este panorama el fiscal Gerardo Pollicita indicó que con el avance del análisis de los dispositivos secuestrados a Zanchetta, se amplió el objeto procesal del expediente. En aquella decisión se sostuvo que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal “no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”.
En este punto, se expuso que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido, cuanto menos, la intervención de otras personas.
Hasta acá no se investigaba la posible participación de Rodolfo Tahilade. Sin embargo la justicia ya tienen bajo análisis una serie de mensajes que habría intercambiado con Ariel Zanchetta, este último responsable de la confección de 1.196 carpetas con información obtenida de forma ilegal.
Como el fiscal Pollicita ya se excusó en otros casos donde se investiga a Tailhade, entendió que en este caso y procurando que no se dé motivos a futuras presentaciones que retrasen la investigación, adoptó el mismo criterio.
El apartamiento en otras investigaciones como en la de presunto espionaje ilegal, responde a lo que se investiga como un mensaje intimidatorio y una amenaza al fiscal Pollicita a raíz de declaraciones en medios públicos de comunicaciones y unos mensajes en redes sociales donde incluso, publicó una foto del representante del Ministerio Público.
En el dictamen al que accedió Clarín, señaló: “El motivo que funda esta presentación reside en que hasta el momento este Ministerio orientó su actuación solamente a las personas y hechos sin que entre ellas estuviera Rodolfo Tailhade” pero después de haber vinculado la causa con otras en las que el diputado kirchnerista es investigado, “la investigación (de presunto espionaje ilegal) y sus conexas deberá indefectiblemente orientarse a corroborar o descartar las sospechas introducidas en contra del nombrado”.
Frente a este criterio, es que Pollicita entendió que “al igual que se procedió en otros casos en los que el nombrado se encontraba en idéntica posición— me excuse de seguir interviniendo como representante del Ministerio Público Fiscal”, indicó el fiscal en su dictamen.
La situación que tomó Pollicita es porque De Giorgi aceptó incorporar una causa que ya existía en otro juzgado, la denuncia que hizo el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade por espionaje ilegal a su teléfono.
En enero pasado, D’Alessandro denunció a Tailhade -cuando aún era ministro de Seguridad porteño- por presunto espíonaje. Allí dijo que fue víctima de un robo de identidad ante la empresa de telefonía para duplicar su chip para acceder a sus conversaciones privadas. Y sostuvo en la denuncia que Tailhade había anticipado en una entrevista radial que se iban a conocer nuevas filtraciones de su celular.
En otro tramo de su argumentación, el fiscal pidió que el juez tenga en cuenta el hecho de que “se encuentra comprometida la objetividad”, siendo que podría ser Pollicita alguien que se siente -en otro expediente- perjudicado. “Existen motivos suficientes para considerar que el fiscal podría interpretarse como afectado por parte del imputado, en virtud de comportamientos previos y públicos efectuados por el Diputado Rodolfo Taihlade hacia mi persona”, dijo.
Después de analizar el planteo, el juez federal Martínez De Giorgi según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, aceptó la excusación de Pollicita para dejar de intervenir en la investigación por presunto espionaje ilegal.
El siguiente paso fue remitir las actuaciones al fiscal general para que designe un nuevo representante del Ministerio Público y así, continuar con el avance de la pesquisa.
El último pedido del fiscal
La semana pasada, había solicitado la indagatoria del actual directivo de la AFIP y referente de La Cámpora, Fabián «Conu» Rodríguez, y de los tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que interactuaban y le pedían al ex policía federal, Ariel Zanchetta espiar a «objetivos».
Las evidencias informáticas que la justicia federal analizó en el caso donde se investiga una red de espionaje ilegal sostienen que Ariel Zanchetta, el ex policía y ex espía, no realizó su trabajo en soledad.
“Contaba con ‘informantes’ que le proporcionaban datos sobre los objetivos, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por ‘pedido’ de otros”. La fiscalía le dio tres nombres al juez Marcelo Martínez De Giorgi, todos ellos agentes de la AFI.
Bajo la convicción de que Zanchetta no era un cuentapropista, sino que era un eslabón -entre otros- de una estructura de mayores dimensiones, el fiscal Pollicita analizó una serie de elementos que le permitieron dar un paso más para lograr identificar otros posibles involucrados en las operaciones de espionaje ilegal.
En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez De Giorgi la indagatoria de los tres agentes de la AFI que habrían tenido participación al solicitarle, a través de diversas cuentas de correo electrónico, la realización de informes ilegales.
Fue el último requerimiento del fiscal Pollicita en el marco de la causa que tiene bajo estudio pericial una gran cantidad de celulares y computadoras que pertenecían a Conu Rodríguez, Asimismo, el juez Martínez De Giorgi espera un informe que detalle las personas incluidas en las 1.169 carpetas que tenía Ariel Zanchetta en su domicilio.