Se sabe que no siempre el dinero hace la felicidad y ha vuelto a probarse además que tampoco gana elecciones, por mucha plata que se ponga en el emprendimiento. Mucha, muchísima gastó el Gobierno para lograr que Sergio Massa le sacara a Javier Milei, en Buenos Aires, una ventaja tal que compensara derrotas en otros distritos fuertes y que lo colocara a tiro de la Presidencia de la Nación.
El objetivo que se había planteado el kirchnerismo apuntaba a triunfar por 20 puntos porcentuales en la Provincia y por 30 en el Conurbano bonaerense, decisivos y por lo general abroquelados detrás de las consignas peronistas o de color peronista.
Nada ni parecido a eso ocurrió, finalmente. Ya clavados, los números de Buenos Aires cantan que el ministro de Economía-candidato venció al libertario por apenas un punto y medio o, si se prefiere, por muy modestos 142.500 votos. Acoplado a semejante fiasco, en la elección nacional que siguió todo resultó peor: Milei venció a Massa por 11,4 puntos, nada menos que por casi 3 millones de votos.
Clarísimo, el sentimiento peronista que en la Provincia suele ganar elecciones o pelear elecciones esta vez no apareció ni encontró, probablemente, algo por lo que valiera la pena seguir empujando. Y el relato oficial, encima gastado de tanto repetir lo mismo, rindió cero o menos de cero.
Si el factor electoral estuvo detrás de la catarata de fondos que viajó de la Casa Rosada a los despachos de La Plata, como estuvo, salta a la vista que en ese punto fueron fondos mal gastados. ¿Y de qué magnitudes hablamos?
Para empezar, una precisión. En la jerga de los especialistas a esos recursos se los llama “transferencias discrecionales”, justamente porque se manejan por fuera del Presupuesto Nacional y porque el poder central decide adónde van y adónde no van: a menudo según intereses políticos, a cambio de ciertos favores y siempre bajo un sistema de premios y castigos.
Los números, los privilegios
Datos de la consultora Aerarium y de otras fuentes cantan que entre enero y noviembre de 2023, o sea, entrado el crucial período electoral, el gobernador Axel Kicillof recibió $ 650.700 millones sobre un total de 1,5 billones destinado a las 24 provincias, incluida como tal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vista de otra manera que es al fin la misma manera, la cuenta significa que el 43% del paquete fue para un solo distrito y que el 58% restante se dividió entre 23. Para mayor abundancia, a la CABA le tocó un 10,7%, el 4,7% a Santa Fe y un 4,1% a Córdoba. Lo que se dice discrecionalidad en gran escala y sin ningún prurito; todo al modo K.
Hablar de transferencias discrecionales es hablar, entre otras cuestiones, del Fondo de Incentivo Docente y de los salarios de los maestros; de los subsidios a los hospitales; del financiamiento de las cajas jubilatorias provinciales y, sobre todo, de la asistencia que sostiene buena parte de las estructuras fiscales de los estados. Y es hablar, también, de cómo el kirchnerismo entiende de verdad el país federal.
Hay una secuencia de 2023 que muestra, nítidamente, el sesgo electoral que gobernó el sistema. Con una tendencia que olía a ajuste fiscal, el reparto cayó fuerte y llegó a tocar fondo en julio; luego comenzó a empinarse hasta alcanzar registros récord en octubre y noviembre, con aumentos del 296% y del 226%, respectivamente. Eso sí, Kicillof nunca perdió el trono de gobernador privilegiado y el resto, la marca de gobernadores relegados.
Nuevamente números y recursos en cantidades siempre crecientes aparecen desde el mismo momento en que el kirchnerismo desembarcó en la Casa Rosada. Todo, remachando el objetivo de convertir a Buenos Aires en un feudo potente desde el cual Cristina K hiciera valer su peso político y manejara los hilos del partido oficial.
La cuenta arrancó, en el inicial 2020, con a esta altura muy moderados $ 378.445 millones. Y fue creciendo vertiginosamente hasta acumular $ 3,2 billones a diciembre de 2023, es decir, un salto impresionante en cuatro años y una demostración de poder concentrado.
De esos 3,2 billones el 41%, o 1,3 billones, terminaron en la gobernación bonaerense. Si se prefiere, fogoneando la gestión del favorito de Cristina K.
De ahí para abajo, a la Ciudad de Buenos Aires fueron poco más de $ 316.000 millones, a Santa Fe 145.000 millones y cerca de 129.000 millones a Córdoba.
Enfrentados a semejantes desproporciones y discrecionalidades tambalean los argumentos que remiten al aporte que la Provincia hace a la coparticipación impositiva, cuando como pasa ahora se discute justamente el modo en que se reparten los recursos del Estado nacional. Por de pronto, aquí estamos hablando de un manejo cuanto menos arbitrario y escaso de soportes legales.
Sobre ese territorio planea la sombra del ajuste fiscal que proyecta Javier Milei, algo que ya figuraba en un compromiso que el gobierno kirchnerista había asumido ante el Fondo Monetario en marzo de 2022. En palabras del acuerdo, se trata de la “reducción de las transferencias discrecionales, corrientes y de capital, a provincias y empresas estatales”.
Por la parte que les cabe a las empresas estatales, los datos oficiales cuentan que entre enero y noviembre de 2023 el Tesoro Nacional les giró $ 1,1 billón para cubrir gastos operativos y otros 376.000 millones para inversiones. Total, al tipo de cambio oficial, alrededor de US$ 5.700 millones.
Está claro que el compromiso que Sergio Massa debía cumplir sigue pendiente y que en términos de desequilibrio fiscal su herencia asciende a 5 puntos porcentuales del PBI. Puesto de otra manera, equilibrar las cuentas en 2024 implica un recorte equivalente a impresionantes $ 9,1 billones.
Falta saber por otra parte cuánto le tocaría a Kicillof, en un eventual recorte de los fondos que bancan los planes sociales en su provincia.
Sería el caso, por ejemplo, de los $ 896.000 millones que en 2023 se gastaron en el programa Potenciar Trabajo y de los $ 247.000 millones destinados a la tarjeta alimentaria que, separados o sumados, superan por lejos a los montos que el kirchnerismo giró a cualquiera de las provincias restantes.
Hay un dato cruzado en medio de la lluvia de recursos que cae sin pausa sobre Buenos Aires y no es, precisamente, una nota favorable al gobernador. Se trata nada menos que del 47% que anotó la tasa de pobreza en el primer semestre de 2023, equivalente a 6 millones de personas.
Al finalizar el 2023 las cifras serán, pues, bastante peores que el 40,5% y las 5 millones de personas que había en situación de pobreza cuando Kicillof se instaló en la Provincia, y algo también habrá quedado claro: que por mucho que sea, el dinero tampoco garantiza por si solo buenas gestiones.