El Gobierno nacional necesitó aclarar que las empresas de telecomunicaciones deberán continuar con el aporte del 1 por ciento de sus ingresos al Estado para el fondo fiduciario que tenía como finalidad garantizar el acceso a un servicio universal y que la misma gestión libertaria disolvió hace pocas semanas. La respuesta oficial surgió luego de una presentación de Telefónica para dejar de abonar.
“Como hay en ejecución alrededor de 300 proyectos y hace un año que no pagan ninguno, el fondo se siguió incrementando y va a continuar así hasta que lo liquiden. Lo lógico entonces sería que se terminaran todas las obras“, aseguró a Página 12, Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom y experto en comunicaciones.
Luego de reiterados discursos sobre la inoperatividad de los fondos fiduciarios, donde se los caracterizó como “sobredimensionados” e “innecesarios”, el Gobierno nacional debió explicar a las compañías telefónicas que “no existen dudas con relación a la vigencia de la obligación de aporte de inversión y a que las empresas licenciatarias de servicios de TIC deben continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizado al presente; ello, hasta tanto se dicten las normas complementarias y se concluya el proceso de liquidación”.
La normativa publicada el miércoles en el Boletín Oficial determinó que “a los fines de asegurar la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, que en los términos del Decreto 6/2025 permanece vigente, los licenciatarios de servicios TIC deberán continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizados al presente”.
En la ratificación se aclara que independientemente de la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, permanece el compromiso de los licenciatarios de servicios de TIC de cumplir con los aportes de inversión, incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 27.078, netos de los impuestos y tasas que los graven.
“Además de sacar resoluciones tienen que explicar cuál es la política pública para el sector que mantiene el 60 por ciento de las obras ejecutadas y aprobadas por la gestión anterior completamente frenadas”, opinó López.
La medida comunicada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) mediante la Resolución 3/2025, con la firma del interventor Juan Martin Ozores, remarcó que “continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”.
Asimismo, recordó que con la eliminación del fondo se dispuso que “la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, en los términos del artículo 18 de la Ley N° 27.078 y sus modificatorias permanece vigente y, por ello, la obligación de realizar los aportes de inversión prevista”.
La necesidad de aclaración por parte del Ejecutivo surgió luego de una presentación de la empresa Telefónica donde argumentaba que no le correspondía seguir efectuando el pago de los aportes del Servicio Universal, y en consecuencia, tampoco su constitución en mora por falta de pago de dichos aportes, ni la generación de interés alguno.
La Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía fue quien ratificó en una nota lo expuesto en el Decreto 6/2025 y advirtió que “la falta de pago de dichos aportes podría dar lugar a una situación de mora, con el eventual devengamiento de los intereses que correspondiesen”.
En el artículo 18, la Ley 27.078 sostiene que “el Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.