En la Casa Rosada suenan tambores de guerra. El presidente Javier Milei decidió echar a Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar el lavado de dinero, el financiamiento al narcotráfico y las causas de corrupción. Lo reemplazará el reconocido fiscal federal Paul Starc.En los últimos tiempos, Yacobucci había hecho denuncias que avanzaron contra la ex presidenta Cristina Kirchner y muchos de sus exfuncionarios. Pero en el Gobierno atribuyen su partida a la “mala gestión y a polémicos gastos en viajes con pasajes de primera”.
“Se va hoy mismo”, dijo a iProfesional una alta fuente de la Casa Rosada tras un día de insistentes versiones de alejamiento de Yacobucci. Finalmente se confirmó la decisión de desplazarlo de su cargo. En los últimos tiempos, Yacobucci entró en una espiral de tensiones con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, que controla al poderoso viceministro, Sebastián Amerio.
En la Casa Rosada acusan a Yacobucci de mala administración y de incurrir en gastos innecesarios contra el relato de la “motosierra” del ajuste fiscal. El jefe del Gabinete, Guillermo Francos, había señalado estos gastos superfluos por ejemplo en polémicos viajes.
Pero fuentes vinculadas a la UIF señalan que los cortocircuitos surgieron porque Yacobucci avanzó en querellas contra el kirchnerismo, a contramano de la orden de Casa Rosada, que considera que la UIF no debe ser querellante porque para eso están los jueces y fiscales.
Enumeran los casos más emblemáticos:
- Avanzó en una querella contra Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, por denuncias de lavado y enriquecimiento ilícito.
- Apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner en una causa de enriquecimiento ilícito en diciembre último.
- Pidió el decomiso anticipado de los bienes de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, también fallecido, al que se le encontraron cientos de millones de dólares en el exterior sin justificar.
El antecedente inmediato a esta crisis en la UIF fue el despido del vicepresidente de la UIF Manuel Tessio, tras su decisión de querellar a Insaurralde en la misma causa de lavado de dinero y posible enriquecimiento ilícito.
Tessio había puesto la firma inicial a la denuncia contra Insaurralde, pero cuando la Casa Rosada expulsó a Tessio, Yacobucci siguió la querella por lavado de dinero y enriquecimiento tras los paseos de Insaurralde en el yate “Bandido” en Marbella con la modelo Sofía Clerici.
La querella la había presentado Tessio ante el juez federal Ernesto Kreplak y éste aceptó a la UIF como querellante. La UIF es un organismo con autonomía funcional, pero depende del Ministerio de Justicia y la Casa Rosada.
En los primeros días del gobierno de Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anunciado que iba a eliminar por decreto la facultad de la UIF de constituirse en querellante en las causas de corrupción. El argumento era que el Poder Ejecutivo no debe impulsar causas de corrupción porque puede ser interpretado como persecución política y para eso están los fiscales del Ministerio Público y los jueces.
La UIF había impulsado desde 2016 varias causas de corrupción
Como querellante, la UIF había impulsado desde 2016 varias causas de corrupción contra el kirchnerismo y muchas de ellas dieron resultados positivos porque se encontró dinero de causas de corrupción de ex funcionarios.
En aquel momento, el organismo estaba dirigido por Mariano Federici y su segunda era María Eugenia Talerico. Según un informe del organismo, al término de su gestión tenían en marcha 32 investigaciones por 9600 millones de dólares de distintas causas de corrupción que se podrían decomisar.
La ruta de ese dinero podría ser investigada por la Justicia si se tomaran las medidas pertinentes y si la UIF actuara como querellante porque tiene las herramientas legales y tecnológicas para investigar las rutas de los dineros sucios.
En una causa judicial existen decenas o cientos de acusados y solamente hay un fiscal que no puede investigar todo y litigar contra decenas de abogados defensores. Por ese motivo, la UIF es un auxiliar de la Justicia y puede querellar. Tras las críticas a Milei y a Cuneo Libarona, éstos decidieron no quitarle la facultad de querellar, pero la orden política era no involucrar a la UIF en las querellas.
Sin embargo, Yacobucci avanzó y en diciembre último, la Cámara Federal, por una apelación de la UIF, ordenó reabrir una causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner. Revocó así el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la expresidenta y ordenó avanzar en la investigación.
También, por una apelación de Yacobucci la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó el decomiso definitivo y anticipado de cuatro terrenos de las islas Turcas y Caicos, en el Caribe, adquiridos por Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner.
La UIF es un organismo clave en la protección del sistema económico-financiero y en el fortalecimiento del orden institucional. En el inicio de su mandato, Milei dispuso el traspaso de la UIF del ámbito del Ministerio de Economía al de Justicia, bajo el ministro Mariano Cúneo Libarona y su viceministro, Sebastián Amerio.
Cuando fue desplazado el vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, en su lugar se nombró a Santiago Martínez González Rodríguez. De todos modos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el informe de la Argentina de la UIF y de ese modo evitó caer en la “lista gris”.
Sin embargo, esa aprobación no garantiza que la aprobación se mantendrá en el tiempo. En 2024 las transferencias del Tesoro a la UIF se redujeron de 400 millones de pesos mensuales, entre enero y agosto, a 50 millones en el resto del año. Se eliminaron 80 funcionarios de un total de 230 y se afectaron áreas importantes como la Dirección de Litigios Penales que actúa en las querellas en causas emblemáticas de corrupción y lavado de activos.
El buen funcionamiento de la UIF es parte del análisis del Fondo Monetario Internacional para llegar a los acuerdos que debe negociar con la Argentina.
Sin embargo, en el Gobierno cuestionan la Yacobucci por sus viajes en primera clase por cuestiones laborales “en contra del relato de austeridad oficial” y que por eso fue observado por el jefe del Gabinete, Guillermo Francos.
Además, le recriminan que no avanzó en temas de adecuación a los estándares requeridos por el GAFI, aun cuando ese organismo internacional estuvo cerca de aplazar a la Argentina en octubre pasado.
Cúneo Libarona sostiene que la UIF no debe participar como querellante en ninguna causa de lavado o narcotráfico para que “no quede involucrada en una presunta persecución contra dirigentes de otras gestiones políticas”. Señalan que el propio GAFI recomienda esa prescindencia.
Sin embargo, ahora será el fiscal federal Paul Starc el que deberá cumplir con las recomendaciones contra el lavado del GAFI porque será el reemplazante de Ignacio Yacobucci.