Incertidumbre. Es lo que reina en Vialidad Nacional distrito Corrientes, tras el anuncio del Gobierno nacional que anunció la disolución del organismo, una medida drástica que, según fuentes oficiales, busca combatir la corrupción en la obra pública y hacer del Estado una entidad más “efectiva y eficiente”.
La decisión, enmarcada en la Ley Bases que declaró la emergencia pública en materia administrativa, energética y financiera, otorga facultades delegadas al Ministerio de Economía para esta profunda reestructuración.
La histórica Vialidad Nacional, un pilar de la infraestructura vial argentina durante décadas, se enfrentará a una fusión y readecuación con otras entidades clave del transporte. Se integrará con la Secretaría de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Nace una nueva agencia y redefinición de roles
Como parte de esta transformación, el Jefe en Vialidad distrito Corrientes, David Moulín, precisó que se creará una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicio Público de Transporte.
Según Moulin, esta nueva agencia asumirá dos funciones principales que hasta ahora estaban en la órbita de Vialidad Nacional:
- Control de las concesiones viales: Supervisará los procesos licitatorios y el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas adjudicatarias.
- Mantenimiento y conservación de tramos de rutas nacionales no concesionados: Rutas como la 118, 119 y 120 seguirán bajo su conservación, garantizando el cuidado de la red vial no privatizada.
Incertidumbre laboral
El personal, que en Corrientes asciende a unas 150 personas distribuidas en la sede central y cuatro campamentos (San Roque, Curuzú Cuatiá, Tabaí, Mercedes, más un subcampamento no operativo en Paso de los Libres), no sufrirá modificaciones laborales inmediatas y mantendrá sus funciones hasta la definición del nuevo organigrama.
En ese sentido, el secretario general de Vialidad, Alfredo Ramírez, afirmó que el clima entre los trabajadores es de incertidumbre y adelantó que como sindicato harán las presentaciones judiciales correspondientes. “Vamos a pedir que el Congreso declare inconstitucional el decreto“, afirmó.
Ramírez aseguró que a pesar del anuncio de que se retomaban las obras en la Autovía Ruta 12, “no se inició nada, cayeron máquinas y movieron cosas, nada más”, dijo en radio Dos.
Para Ramírez, el cierre de Vialidad “es un ataque a la ciudadanía”, más allá de la pérdida de las fuentes de trabajo. “Las rutas van a quedar abandonadas”, advirtió.
Continuidad laboral
En contrapartida y a pesar del contundente anuncio, el titular de Vialidad Nacional Corrientes, aclaró que aún no se han dictado los actos administrativos por parte del Ministerio de Economía que aprueben las nuevas estructuras organizativas y reglamenten la instrumentación del cambio.
“Hasta tanto se dicten los actos administrativos por parte del Ministerio de Economía, nosotros vamos a seguir realizando las tareas pertinentes del cuidado de la ruta, como lo venimos haciendo”, afirmó Moulín en declaraciones a radio Sudamericana.
Se espera que en los próximos días o semanas se dicte la normativa que brinde mayor claridad sobre la órbita del personal y las nuevas tareas. De hecho, hay una reunión programada (Zoom) con la casa central de Vialidad Nacional para conocer los detalles del decreto que formaliza la disolución.
La disolución de Vialidad Nacional marca el inicio de una era de profunda transformación en la gestión de la infraestructura vial argentina, con un claro enfoque en la eficiencia, el control de las concesiones y la reducción del aparato estatal. Sin embargo, el camino hacia la implementación total de estas reformas aún presenta interrogantes que se espera despejar en las próximas semanas.