Los riesgos no desaparecen por ignorarlos. Solo se hacen más peligrosos.
Nassim Nicholas Taleb
La política económica, en su esencia más profunda, es el arte de administrar riesgos. Ningún programa es inmune a las tensiones, y todo plan de estabilización implica una serie de decisiones que suponen priorizar ciertos objetivos en desmedro de otros. Cada gobierno define cuáles riesgos decide enfrentar activamente, cuáles acepta de manera pasiva y cuáles ignora con la esperanza de que no se materialicen. En el caso del gobierno de Javier Milei, la decisión ha sido clara: el principal riesgo a contener era la inflación, y en función de ese objetivo se ha estructurado toda la estrategia económica.
Ese enfoque ha mostrado logros contundentes. En menos de un año, la inflación ha descendido de niveles de dos dígitos mensuales a registros inferiores al 3%, sin recurrir a anclas tradicionales como el congelamiento de precios (aunque sí se lo hizo con represión del tipo de cambio). El ordenamiento fiscal y monetario ha sido riguroso, con superávit primario sostenido, recorte real del gasto y un Banco Central que ha reducido significativamente su intervención.
Ahora bien,el ordenamiento macroeconómico y la estabilización inflacionaria no garantizan por sí solos la sostenibilidad del proceso. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. En las zonas no atendidas del programa es donde se acumulan los riesgos más relevantes. Riesgos que, si no son monitoreados y corregidos, pueden minar los logros obtenidos hasta ahora.
1) Riesgos derivados de un tipo de cambio desalineado. La utilización del tipo de cambio como ancla nominal ha generado una apreciación real significativa, la cual no ha sido resuelta dentro del esquema de bandas de flotación y salida parcial del cepo en vigencia desde abril. Dicha apreciación real tiene varios efectos nocivos: erosiona la rentabilidad de los sectores transables; incentiva el turismo emisivo y reduce la competitividad del turismo receptivo; compromete el superávit externo (ha generado un fuerte déficit de la cuenta corriente) y dificulta la acumulación de reservas; genera dudas sobre la capacidad de pago de la deuda en moneda extranjera (dadas las dificultades mencionadas) y mantiene el riesgo país en niveles que comprometen el acceso a los mercados voluntarios de deuda soberana en condiciones aceptables; genera expectativas de una corrección nominal futura, lo que alimenta la inercia inflacionaria e induce a un progresivo aumento del atesoramiento de dólares. En este marco, la cotización del dólar ha comenzado a subir en las últimas semanas, hasta acumular una suba de más del 5% en lo que va de julio. Paralelamente, se registraron aumentos en el volumen operado, en las cotizaciones y en la participación del BCRA en el mercado de futuros. Si bien estos movimientos pueden enmarcarse dentro de la volatilidad habitual en años electorales, no dejan de ser señales inquietantes en un contexto en el que las reservas son escasas y su acumulación depende en gran medida del endeudamiento externo.
2) Riesgos fiscales. Si bien el Gobierno ha logrado sostener el superávit primario, el contexto de desinflación cambia la dinámica. Con menor inflación, la licuación de partidas pierde fuerza y el ajuste exige mayor precisión en el uso del gasto. En los primeros cinco meses del año, solo los subsidios económicos mostraron una caída real significativa. Mientras tanto, se acumulan presiones para recomponer ingresos de jubilados, empleados públicos y gobiernos provinciales. La capacidad de mantener el orden fiscal dependerá de cuán quirúrgico sea el uso de la “motosierra” en el segundo semestre.
3) Riesgos monetarios. Si bien contenidos, existen señales para no desatender. La base monetaria y los agregados amplios siguen creciendo, en parte por una mayor demanda transaccional, pero también porque el Tesoro ha comenzado a utilizar parte de los recursos depositados en el BCRA, producto de la transferencia de utilidades contables realizada en abril. Si bien esa utilización puede ser transitoria y estar motivada por razones de mercado (no se renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en la última licitación del Tesoro), la misma implica una relajación que puede debilitar el ancla monetaria si no se administra con cuidado.
4) Riesgos políticos. La estrategia de confrontación del Presidente, que en los primeros meses sirvió para consolidar su base de apoyo, parece estar mostrando sus límites. El Congreso ha comenzado a reaccionar, impulsando proyectos que comprometen la viabilidad fiscal del programa. La oposición parlamentaria y también algunos aliados circunstanciales parecen haber recuperado iniciativa, y el Gobierno ha perdido parte del control sobre la agenda legislativa. Este escenario plantea dudas sobre la aprobación de reformas claves y aumenta el riesgo de medidas legislativas con alto costo fiscal o simbólico.
5) Riesgos sociales. La caída del salario real, que se había revertido hasta principios de año, ha regresado. Los aumentos de tarifas y servicios básicos (electricidad, gas, transporte, medicina prepaga, entre otros) han sido superiores a la inflación promedio, afectando el ingreso disponible de amplios sectores. Aunque la desintermediación de los programas sociales y el incremento real de la AUH han servido como amortiguador, no pueden sustituir indefinidamente la mejora general de los ingresos laborales. Los riesgos políticos y sociales, además, se retroalimentan. Si las tensiones en el Congreso persisten y el malestar social crece, el margen de acción para impulsar reformas estructurales se reduce.
Una pregunta inevitable es si los riesgos que enfrentamos –identificados a lo largo de esta nota– podrían derivar en una corrección disruptiva, ya sea cambiaria, inflacionaria o financiera. O si, por el contrario, lo más probable es una dinámica más lenta: un proceso de desgaste acumulativo que obligue a reconfigurar parcialmente el programa sin que medie un shock.
La historia económica argentina ofrece ejemplos de ambos caminos. En contextos de alta apreciación cambiaria, como el actual, el riesgo más inmediato suele estar vinculado a la sostenibilidad del frente externo: si el tipo de cambio no se corrige y no se acumulan reservas, un movimiento repentino del dólar puede actuar como trigger de una desestabilización más generalizada, sobre todo si coincide con una mayor conflictividad social o turbulencia política.
Pero también existe un escenario más plausible –y quizá más insidioso– en el que ninguno de los riesgos se espiraliza por sí solo, pero todos se agravan gradualmente. La falta de inversión, el rezago salarial, la fatiga social, el retroceso del control político sobre el Congreso, la falta de acumulación y eventual pérdida de reservas, demanda creciente de dólares para atesoramiento: cada uno puede no parecer urgente por sí solo, pero en su conjunto erosionan las condiciones de sostenibilidad. Y lo que empieza como una virtud (el orden fiscal, la caída de la inflación) corre el riesgo de transformarse en un obstáculo si no se complementa con reformas y correcciones que ataquen el núcleo de los desequilibrios pendientes.
*Economista.