En medio de la tensión que generó el cierre de listas en las provincia de Buenos Aires, los diputados de Unión por la Patria (UxP) tratan de mostrar unidad y presionan para bloquear el proceso de privatización de la empresa de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). En este contexto, también apuran acuerdos con la oposición para rechazar los decretos del presidente Javier Milei que autorizaron el inicio del proceso de venta.
A través de un proyecto impulsado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, la bancada K planteó su “rechazo y preocupación” por los DNU 493/2025 y el Decreto N.º 494/2025. El primero modifica de forma “unilateral” -según las diputadas- el marco legal vigente en materia de provisión del servicio de agua potable y saneamiento, mientras que el segundo autoriza la privatización de la empresa, a través de la venta de la totalidad de las acciones.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados de Unión por la Patria, pero también puso en estado de alerta a los bloques de Encuentro Federal, que preside Miguel Angel Pichetto, y de Democracia para Siempre, que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau, que analizan las movidas del Gobierno.
En el peronismo confían en que habrá un acuerdo con los sectores díscolos de la oposición para rechazar los DNU de Milei. Pero contando con el apoyo de los espacios que están enfrentados al Gobierno aún están lejos de voltear el decreto del Presidente, ya que se necesitan los votos de los dos tercios de ambas cámaras.
Y previamente deben cumplirse los 10 días desde la publicación de los decretos en el Boletín Oficial para poder ser tratados en el recinto sobre tablas sin el despacho de la bicameral de Trámite Legislativo que controla el oficialismo.
Además, el Gobierno sólo con el respaldo de un tercio de Diputados -la cámara donde el oficialismo tiene aceitada su alianza con los dialoguistas- le alcanzará para ratificar los DNU y clausurar la embestida K.
Por ahora, Unión por la Patria busca alertar que el decreto de Milei modifica “sustancialmente” el marco legal mediante el cual se conformó la empresa estatal para habilitar la privatización, alterando la ley 26.100, que se aprobó durante el kirchnerismo y que garantiza un capital “mayoritariamente estatal e intransferible”.
En los fundamentos de la propuesta, Tolosa Paz y Selva plantean que el Gobierno “facilita la transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros” para hacerse de “recursos de corto plazo para sostener políticas fiscales y cambiarias regresivas, como la provisión de un dólar barato para sectores concentrados”.
“No hay una sola justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento, sino únicamente una necesidad financiera y un alineamiento con intereses de privatización sin debate parlamentario”, cuestionaron.
Pero también se advierte que con la privatización de Aysa se viola un convenio tripartito que firmaron la Nación, la Provincia y la Ciudad en 2006 cuando se estatizó Aguas Argentinas y se fijó “un marco regulatorio sólido y autárquico para la provisión del servicio público de agua potable y desagües cloacales”.
Este puede ser uno de los elementos que le permita al peronismo la posibilidad de alentar una caída de la privatización de Aysa. Es que a partir de la firma del convenio, los intendentes de los principales distritos del conurbano “cedieron” a sus habitantes como clientes de la compañía, según la lectura que hacen en el bloque de Unión por la Patria. No está claro si los municipios deben ratificar o no su relación con el concesionario privado.
Sin embargo, en los últimos días, las versiones que postulan a la empresa israelí Mekorot como una de las candidatas para quedarse con el control de AySA, generó más tensión en los sectores de la oposición que dieron su voto a la Ley Bases y al proceso de privatización y concesión de empresas estatales.
Desde la oposición alertan que la estatal israelí enfrenta denuncias por violaciones a los derechos humanos en las Naciones Unidas. Aunque la queja más contundente la transmitió Nicolás Massot ( Encuentro Federal) al señalar a través de su cuenta en X que en la licitación para concesionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay se fijó una cláusula que impide la participación de una estatal china.
“No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovía, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $LIBRA y las valijas de la aduana…”, transmitió con ironía el legislador con un titular que anuncia que Mekorot es la elegida por Milei.
Es que la empresa estatal israelí es la que presta el servicio de agua al 90 % de ese país. Para su desembarco en la Argentina, según informaron en el Congreso, se habla de una sociedad con Daniel Sielecki, el empresario socio y familiar de Hugo Sigman; y Mauricio Filiberti, dueño del grupo Transclor y quien controla el negocio de la venta de cloro a AySA.
En su mensaje, Massot espera que el servicio de agua sea considerado un recurso estratégico como lo es la Vía Navegable Troncal. Por las dudas, la oposición ya prepara un informe de la Cepal que declara al servicio de agua potable y cloaca como estratégico.
A todo esto se agrega el malestar del peronismo con la actitud del titular de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, que ya salió a apoyar el proceso de privatización porque al gremio le aseguraron que mantendrá el 10% de participación accionaria.