El Ejecutivo nacional estableció un marco normativo para la administración de bienes ligados a hechos de corrupción, en el marco del vencimiento del plazo para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, restituyan los fondos que deben regresar al Estado.
Según el fallo, el monto a devolver asciende a 530 millones de dólares, sobre los cuales la Justicia podría ordenar el decomiso.
Los objetivos y alcances del Decreto 575/2025
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete, establece el “régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
Entre sus principales medidas, el decreto crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, que funcionará “como órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado Nacional”.
Asimismo, se establece la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que será “el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional, cuando no corresponda a otros organismos estatales”.
El DNU expresa que quedan fuera de este régimen “la administración y la conservación de los bienes provenientes de actividad ilícita, cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio previstos en el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019″, que seguirán bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Transparencia y beneficios del nuevo régimen
El decreto subraya que “el crimen organizado constituye un fenómeno global que afecta la gobernanza, la seguridad pública y la estabilidad del Estado de Derecho”. Además, destaca que “los bienes recuperados son aquellos sobre los cuales se ha declarado de modo definitivo la privación del derecho de propiedad, de la posesión, de la tenencia, o de cualquier otro derecho real o personal en favor del Estado Nacional, por decisión del órgano judicial competente“.
En relación con los beneficios del nuevo régimen, se señala que “el desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios, en tanto afecta directamente las estructuras financieras del crimen organizado y otorga recursos para alcanzar el objetivo prioritario de reparar a las víctimas”.
El decreto también prevé la elaboración de “un inventario público y actualizado, con trazabilidad de los bienes y sus producidos, en miras a garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso, desde la recepción del bien hasta la distribución final de los recursos generados por su disposición por el órgano competente, con el objeto de facilitar el control ciudadano e incrementar la confianza en las instituciones estatales”.
Cristina Kirchner reclama ante la Justicia: su plan para evitar el decomiso de sus propiedades
El pedido se presentó horas antes de que venciera el plazo fijado por el tribunal oral —este miércoles a las 9.30— para que ella y el resto de los condenados depositen los 530 millones de dólares establecidos como decomiso de bienes.
Según el fallo, ese monto busca reparar el daño causado al Estado. La expresidenta dejó claro que no abonará ninguna suma, a diferencia del resto de los condenados.
Entre los implicados que sí deberán cumplir con el depósito se encuentran el exsecretario de Obras Públicas José López; los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; y los exfuncionarios de la Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Cristina Kirchner sostuvo que su patrimonio y el de su familia son legítimos, respaldándose en fallos que la sobreseyeron en causas de enriquecimiento ilícito.
firmó que no posee bienes que hayan sido utilizados para cometer el delito juzgado ni que provengan de él, por lo que no podrían ser objeto de decomiso.
A través de escritos presentados por su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria también cuestionó la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para ejecutar el decomiso, sosteniendo que la discusión debería tramitar en el fuero civil y comercial. Además, objetó la cifra de u$s537 millones fijada por el juez Jorge Gorini, afirmando que no tiene patrimonio vinculado al delito para afrontarla.
Beraldi denunció que el monto se definió “sin debate previo” y con una metodología que considera inadecuada. Según explicó, el tribunal utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar los valores, descartando otras herramientas como las tasas bancarias, que —asegura— hubieran arrojado cifras hasta cien veces menores. Citó como antecedente los casos Hotesur y Los Sauces, donde se aplicó la tasa activa del Banco Nación.
La defensa solicitó a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que anulen la resolución y ordenen dictar un nuevo fallo. También pidió suspender cualquier ejecución patrimonial, como embargos o depósitos, hasta que la sentencia esté firme y el monto sea revisado.