Propietarios de barrios privados se encuentran en alerta a partir del aumento del impuesto inmobiliario de hasta el 200% anunciado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), cuyas facturas empezarán a llegar en febrero.
El problema se da en propiedades que aún no cuentan con subdivisión, lo que lleva a que buena parte de los contribuyentes abonen “impuesto provinciales como grandes terratenientes”, denuncian. Eso es porque se les aplica una alícuota más elevada que si el lote estuviera escriturado.
El inconveniente lleva varios años, pero la sensibilidad recrudeció a partir de la última fuerte suba del impuesto. Vecinos afectados aseguraron a Clarín que los montos que abonaban no eran un problema para sus bolsillos hasta diciembre, algo que ahora cambió.
Si bien aún no llegaron las boletas con el nuevo importe, los vecinos comenzaron a calcular los montos y en algunos casos aseguran que pasarán de pagar cinco cuotas de $ 56.000 a cinco cuotas de $ 168.000 o en el mayor de los casos, de $ 160.000 a $ 480.000. También aseguran que si sus viviendas estuviesen escrituradas pagarían una tasa mucho menor.
El tema cobró visibilidad a partir de que un medio zonal de Pilar publicó este viernes que un grupo de vecinos de la zona de Pilar del Este había iniciado una petición en la plataforma Change.org, con el objetivo de juntar firmar a fin de que ARBA modifique los criterios para determinar el impuesto inmobiliario.
El aumento del impuesto de ARBA fue anunciado en los últimos días y las boletas llegarán con la suba en febrero.Fuentes de ARBA aclararon a Clarín que “aún no emitió ninguna boleta del impuesto inmobiliario 2024. En relación a los vínculos comerciales entre particulares y con algunos desarrolladores, lo que se hizo fue trabajar en la normativa para poder facilitar la subdivisión y la posterior escrituración de muchas viviendas, que era un inconveniente para muchas familias de la Provincia que no podían escriturar”.
La fuente agregó que “ahora queda en responsabilidad de los desarrolladores poder avanzar en los trámites necesarios para que los vecinos escrituren, subdividan y ya puedan tener las partidas inmobiliarias. Para no apelar a estas figuras de las cuales se desconoce el cálculo que hacen para poder cobrarle lo que le adjudican al organismo de recaudación provincial”.
El desarrollador de Pilar del Este es la empresa Eidico. Clarín intentó obtener una respuesta oficial de la empresa para entender los motivos por los que la escrituración tanto de esta zona de barrios, como también de otras, se viene demorando.
No hubo una comunicación oficial en ese sentido, pero según pudo saber este medio, los argumentos de los retrasos tendrían que ver con la burocracia de habilitaciones que significa «dar de alta» un barrio privado.
Fuentes del sector explicaron que «los conjuntos inmobiliarios requieren de más de 50 trámites en diversos organismos, como ser: vialidad, Municipalidad, Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad el Agua (ADA) y Catastro (ARBA)», entre otros.
Impuestos «distorsionados»
El inconveniente surge desde que los barrios de esta zona comenzaron con los trámites para la escrituración de cada propiedad. Según aseguraron vecinos, demora alrededor de cinco años, lo que lleva a que entre todos paguen impuestos “distorsionados”.
En la petición de Change.org, los vecinos de Pilar del Este explicaron que sus propiedades “en su mayoría no superan los 150 m2 y lotes de alrededor de 500 m2″. Y agregaron: «Nos encontramos con la dicotomía, con otros barrios consolidados que ya cuentan con la subdivisión ante Rentas. Barrios de la zona con casas de superficies importantes de 300 m2 o más y lotes de 1000 m2 van a abonar la suma de $5.000 mensuales en concepto de ARBA mientras nosotros ya venimos abonando $30.000 por bimestre”, señalaron.
“En nuestro caso, si bien se han completado los trámites municipales, y contamos con partida municipal propia pudiendo abonar cada lote su correspondiente impuesto municipal, en el caso de ARBA, no es así y el monto que vamos a pagar próximamente es de aproximadamente $90.000 por bimestre”, agregaron en la petición.
Sonia Lorenzo, una de las propietarias del barrio, manifestó a Clarín: “Somos muchos titulares que no sabemos si vamos a poder abonar el aumento del 200% que planteó el Gobernador. Si estuviéramos subdivididos, estaríamos pagando la tercera parte de lo que pagamos ahora y el aumento sería solamente del 140% sobre un monto mucho menor que el actual”.
Uno de los responsables de la mutual del barrio dijo que “Eidico lleva 12 años retrasando el trámite de las escrituras. Ellos no se quieren ir de la administración y cuanto más tarde el trámite de factibilidad, más tiempo van a estar a cargo”.
Una vista del barrio San Matías, en Escobar, donde los vecinos padecen el problema.Según este vecino, «la empresa manifiesta que el trámite ‘está frenado en Provincia’. Y que de los diez barrios que administra la desarrolladora en Pilar del Este, sólo uno, Jazmines, está subdividido y pagan alrededor de $ 5.000 de ARBA. “Hay 4.800 lotes que están en la misma situación que nosotros”, añadió.
La zona de Pilar del Este no es la única afectada. Un vecino del barrio San Matías, de Ingeniero Maschwitz, aseguró a este medio que de pagar $28.000 de ARBA ahora estima que pagará $ 69.000. “A nosotros nos llegan 22 boletas y las dividimos internamente con una ecuación que se hizo acá en el barrio con el criterio que usa ARBA. Todo es porque todavía no subdividieron el terreno y nos ven como grandes terratenientes”.
En San Matías hay 1.268 propietarios. “Somos terrenos chicos pagando por terrenos enormes”, denunciaron. “Algunos vecinos van a pagar hasta $ 400.000. Es una locura. Hace tres años que vivo acá, históricamente ARBA fue siempre barato, incluso aumentaba el doble y seguía siendo barato, pero después de que aprobaron eso en la Legislatura me va a aumentar casi el triple”, agregó el vecino.
Una de las resoluciones de ARBA para agilizar las escrituras, según informó, fue «que los desarrolladores de barrios cerrados se desvincularan de un impuesto que no le correspondía pagar a ninguna de las partes y que llegaba a provocar juicios por incumplimiento de pago. Esta judicialización terminaba impidiendo que los propietarios pudieran escriturar sus terrenos o casas. Además, el organismo sumó la habilitación para que escribanos tramitaran directamente la actualización de responsabilidad tributaria, sin necesidad de la intervención del ente».
PS